Supone una reducción media del 54 % en el número de hectáreas con derecho a ayudas comunitarias y afecta a unos 12.000 ganaderos
Asaja ha pedido a la Junta que retire el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), el sistema de medición a efectos de percibir las ayudas de la PAC, porque los criterios de este año suponen un "daño irreparable" y "dejan fuera del sistema más del 50 % de la superficie pastable".
El presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra, y el responsable de vacuno de Asaja, Manuel Vázquez, han comparecido en rueda de prensa, para rechazar el coeficiente de admisibilidad de pastos, elaborado por la Junta para este año dentro del marco regulatorio del Ministerio, ya que supone una reducción media del 54 % en el número de hectáreas con derecho a ayudas comunitarias y afecta a unos 12.000 ganaderos.
Con ese nuevo coeficiente, que se elabora basándose en la información del sistema de información geográfica de identificación de parcelas agrícolas de Andalucía (Sigpac), algunos ganaderos se quedarán sin ayudas, que pasan a concentrarse en un menor número de hectáreas, y se "cargan buena parte de la agricultura ecológica". Han puesto el ejemplo de una finca que con 285 hectáreas y ochenta vacas al aplicarle el coeficiente se queda en menos de dieciséis hectáreas y al ser menor del 20 % no podrá recibir ayudas.
El problema deriva de los cambios introducidos en la metodología para calcular las parcelas de pasto a efectos de las ayudas, ya que el año pasado se incluyó el matorral y generó la pérdida de miles de hectáreas por el grado de accesibilidad del ganado a las explotaciones, y este año se ha añadido la arboreda. Sin embargo, los responsables de Asaja han insistido en que hay que diferenciar entre bosques, que son para la madera, y montes, que son para pastar, y en estos últimos bajo los árboles hay muy buen pasto y muy aprovechable y también se aprovechan frutos como la bellota para la alimentación del ganado.
Por estos motivos, los responsables de Asaja no comparten que esos criterios se incluyan en el coeficiente de admisibilidad de pastos y han culpado a las administraciones de "no haber sabido defender el modelo de ganadería extensiva" desde 2008. Precisamente, ese año hubo inspecciones de la UE de la superficie de pasto andaluza porque sospechaban que los datos no se ajustaban a la realidad y, según Serra y Vázquez, desde entonces las autoridades españolas tenían que haber explicado in situ, como se hizo con el olivar con el anterior comisario europeo de Agricultura, las características del monte mediterráneo.
En cualquier caso, la "pelota" está en el tejado de la Junta de Andalucía, que es la que elabora el CAP, y los dirigentes de Asaja le piden que mantenga el mismo sistema del año pasado y negociar otro durante este año para aplicarlo en la siguiente campaña porque el nuevo modelo tendrá una vigencia de cinco años. Además, han denunciado que la Junta ha elaborado los coeficientes (CAP), pero todavía no ha publicado la orden que lo regule y sólo existe un borrador de la misma, y han advertido que se crea mucha inseguridad jurídica en los ganaderos que puede conllevar una judicialización del problema.
No obstante, han apuntado que otras regiones como Extremadura o Castilla-la Mancha han minimizado el impacto a través de incluir un factor como el grado de pastabilidad en los pastos arbolados. Han incidido en que necesitan una respuesta rápida porque el plazo para presentar las declaraciones ganaderas para acogerse a las ayudas de la PAC termina el 15 de mayo.
Asaja ha mantenido conversaciones con la Consejería de Agricultura tras conocer hace una semana el nuevo coeficiente de admisibilidad de pastos, pero de momento no ha encontrado "predisposición a nivel político" para intentar resolver este problema, salvo por parte del delegado de Agricultura de Cádiz, ha explicado Manuel Vázquez, que preside Asaja Cádiz.
