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La flota de arrastre del Golfo de Cádiz, compuesta por 147 barcos de las provincias de Huelva y Cádiz, se considera "discriminada" con respecto a las de otros caladeros españoles y acusan al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y a la Consejería de Agricultura y Pesca de "inacción".

En un comunicado conjunto, las asociaciones de armadores y cofradías de pescadores de Isla Cristina, Ayamonte y Lepe, en Huelva y Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, han asegurado que "no se sienten respaldados" por parte de las administraciones como otras flotas o sectores y que con esta actitud y la falta de defensa están propiciando "la desaparición de esta flota de arrastre".

Han lamentado la denegación del adelanto de once toneladas de la cuota de bacaladilla del año 2012, al haberse agotado ya la de este año, solicitada de forma unánime por el sector que no viene más que a "aumentar la impotencia" de esta flota ante su futuro más inmediato.

La denegación, han señalado, se produce tras dos meses de gestiones y de espera y después de que desde el 11 de mayo no se haya podido capturar la especie por haberse consumido la cuota otorgada a España por la UE para 2011, en su mayoría por buques de otras regiones.

El sector se queja de la "insensibilidad" por parte del MARM que está priorizando criterios medioambientales que van hacia "políticas restrictivas en contra de la viabilidad de las empresas pesqueras", asimismo entiende que el sistema de Total Admisible de Capturas por especies, y por naciones, "implica que algunas especies se agoten antes de que en algunos caladeros se hayan podido incluso capturar".

Esto "deja en desamparo" a la flota arrastrera del Golfo de Cádiz y, según sus representantes, supone "una discriminación manifiesta" en relación a otros caladeros por parte de las administraciones pesqueras.

Ante esta situación que llevará al "caos económico" a las 147 empresas armadoras del Golfo de Cádiz y la "inacción y pasividad" en la búsqueda de soluciones para la rentabilidad de la actividad de sus barcos y el mantenimiento de sus empresas y puestos de trabajo, el sector ha solicitado la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar y de la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta, Clara Aguilera.