El Consejo Andaluz del Olivar, este órgano colegiado de participación está integrado por administraciones públicas, entidades representativas del sector.
El Gobierno andaluz ha aprobado el decreto regulador del Consejo
Andaluz del Olivar. Este órgano colegiado de participación, integrado
por administraciones públicas, entidades representativas del sector,
personas expertas y agentes económicos y sociales, se encargará de
asesorar y elaborar propuestas para el mantenimiento y mejora del
cultivo, el desarrollo sostenible de los territorios olivareros, la
promoción de sus productos y el fomento de la calidad, entre otras
materias.
El Consejo estará presidido por la persona titular de la Consejería
de Agricultura y Pesca e integrado por una vicepresidencia (Secretaría
General del Medio Rural y la Producción Ecológica) y 24 vocalías en
representación de la Junta de Andalucía; las organizaciones
profesionales agrarias; las federaciones de cooperativas agrarias; las
organizaciones empresariales y sindicales; la Asociación Española de
Municipios del Olivo; organizaciones de consumidores y usuarios, y las
entidades de economía social relacionadas con el sector, así como
personas expertas.
Además de sus funciones de asesoramiento, el Consejo tendrá
competencia para emitir informes preceptivos sobre el Plan Director del
Olivar, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Este
documento, que actualmente elabora la Consejería de Agricultura y Pesca,
tendrá una vigencia de seis años y contendrá las líneas de actuación
previstas por la ley que el Parlamento andaluz aprobó en 2011 para
reforzar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal
actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios.
Los objetivos del plan se resumen en dos grandes bloques de medidas.
El primero, de impulso a la competitividad, incluye el respaldo a la
modernización de las explotaciones tradicionales potencialmente
productivas; el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e
industriales; el fortalecimiento de los programas de investigación,
innovación y formación; la concentración de la oferta a través de
medidas de apoyo al asociacionismo empresarial, y el fomento de la
calidad y promoción de las producciones.
El segundo bloque, referido a la sostenibilidad, prevé la ampliación
de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta
de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación
de explotaciones e industrias, y apoyar la producción ecológica, el uso
eficiente de los recursos hídricos y el olivar situado en zonas con
desventajas naturales.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000
explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de
la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de
toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas
producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con
unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de
productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de
oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional.
El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie olivarera
española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia
en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y
sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera
más de 22 millones de jornales al año.