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La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar) ha pedido que en la futura Ley de Costas los acuicultores que renueven una concesión no tengan que pagar el "canon de ocupación" de obras que ellos mismos realizaron cuando estaba vigente el permiso anterior.

La propuesta de Apromar figura dentro de las observaciones al borrador del anteproyecto que reforma la Ley de Costas, al que se podían presentar alegaciones hasta ayer.

En concreto, los acuicultores solicitan que cuando les caduque la concesión para ocupar el "dominio público marítimo-terrestre" -gracias a la cual instalaron su granja- y quieran renovar de inmediato ese permiso se les exima de abonar el llamado "canon de ocupación de obras" si se trata del mismo titular.

El gerente de Apromar, Javier Ojeda, ha explicado que este tributo se abona por trabajos como instalaciones de tuberías o construcción de viveros, que son caros, especialmente en el caso de la producción de rodaballo.

Ha señalado que cuando se revierte una concesión en acuicultura, en el momento en que expira, puede suponer que haya obras que permanezcan sobre ella en ese momento y si se vuelve a otorgar el permiso al mismo empresario el canon supone un nuevo coste, que podría aumentar considerablemente.

Esta situación, según Ojeda, tiene un efecto "disuasorio", porque provoca que el titular de una piscifactoría no invierta en ella cuando se acerca el período en el que acaba la autorización y esto, en consecuencia, desincentiva la innovación.

El responsable de Apromar ha apuntado que esta es la única alegación presentada al borrador del anteproyecto, porque en general, los acuicultores marinos están satisfechos con la modificación de la Ley de Costas, porque creen que la nueva normativa les dará mayor seguridad jurídica.

Respecto a las críticas de varias organizaciones contra ese cambio, sobre todo ecologistas, Ojeda ha subrayado que la "sostenibilidad" tiene que ser medioambiental, pero también social y económica.

Ha apuntado que la ley actual no ha servido para parar los "desmanes urbanísticos" ni tampoco era la "panacea".

Los piscicultores valoran que el nuevo documento modifique el plazo máximo de duración de las concesiones hasta los 75 años y permita su transmisión, pues con la legislación actual dichas licencias tenían una duración máxima de 30 años.