La UE decidió, cuando reformó la regulación del mercado del vino, que los derechos de plantación se mantuvieran hasta 2016, pero dado que muchos países, entre ellos España, han defendido su continuidad, ese Grupo ha tratado de buscar una solución intermedia.
El responsable del sector vitivinícola de la organización agraria COAG, Alejandro García-Gascó, ha mostrado su preocupación por el futuro sistema de autorizaciones para plantar viñas, sobre el que ha habido consenso dentro de un grupo de Alto nivel de la Unión Europea (UE).
García-Gascó, que también es vicepresidente del Comité Consultivo del Vino de la UE, ha reaccionado así respecto a las conclusiones del Grupo de Alto Nivel sobre Vino, formado por expertos de los Veintisiete, que apuntan a sustituir el actuar régimen de derechos de plantación de viñas por un sistema basado en "autorizaciones".
La UE decidió, cuando reformó la regulación del mercado del vino, que los derechos de plantación se mantuvieran hasta 2016, pero dado que muchos países, entre ellos España, han defendido su continuidad, ese Grupo ha tratado de buscar una solución intermedia, distinta a la liberalización total.
El representante de COAG ha señalado que lo que proponen los expertos es preferible a la liberalización de las viñas, pero que, sin embargo, despierta "miedo" ante "los que pueden venir de fuera" frente al agricultor profesional.
Ha insistido en que la opción preferible sería mantener los derechos de plantación actuales, "porque la sociedad no puede entender que primero se promoviera, con dinero, el arranque de viñas y ahora se quiera liberalizar" esta producción. El nuevo sistema de autorizaciones, a partir de 2016, "no es lo que queríamos y pedimos al Gobierno que vaya de la mano del sector" y de los profesionales.
Ha apuntado que es muy frecuente que "futbolistas o artistas" se dediquen de repente a plantar viñas y puesto que obtienen sus ingresos de otras actividades tienen otro modelo de inversión que el agricultor profesional no puede asumir.
"Tenemos que ver aún la letra pequeña del acuerdo del Grupo", ha añadido, aunque ha remarcado que ese nuevo sistema supondría una pérdida de patrimonio a partir de 2016 para el que ha estado plantando viñas.
"Es como si para comprar una casa hace falta una hipoteca y dentro de dos años la Administración dice 'casas gratis para todos'; ¿qué pasa con el que ha estado pagando la hipoteca?", ha planteado.
Ha recordado que, la semana pasada, las organizaciones agrarias y los consejos reguladores de las denominaciones de origen reclamaron unánimemente el mantenimiento de los derechos. Las conclusiones del Grupo de Alto nivel serán debatidas el próximo miércoles en el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la UE.
En ellas, se plantea un sistema avanzado de autorizaciones para nuevas plantaciones, que se aplicará a todas las categorías de vino, según fuentes de la Comisión Europea (CE).
Los Gobiernos gestionarían ese régimen, teniendo en cuenta las recomendaciones de las organizaciones profesionales del sector. Las autorizaciones serían "libres, no transferibles y válidas por un período limitado". El nuevo sistema se aplicaría con una validez de 6 años, con una posible revisión a medio plazo y medidas transitorias.
