Se prohíbe la edificación en dominio público y cualquier incremento de lo ya edificado
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha recalcado, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, que “la reforma de la Ley de Costas responde exclusivamente a los intereses generales, y ha afirmado rotundamente “que no se van a permitir nuevas edificaciones en el litoral”.
Arias Cañete respondía de esta manera a la pregunta del diputado del Grupo Socialista José Luís Ábalos, a quien recordaba que esta ley viene a resolver una serie de problemas históricos del litoral español, aportando soluciones que satisfacen “el interés general”.
En su intervención, el ministro ha asegurado que la modificación de la Ley de Costas tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, por lo que, “se prohíbe la edificación en dominio público y cualquier incremento de lo ya edificado”, ha asegurado
En este sentido, Arias Cañete ha puntualizado que “no respondía al interés general la licencia de obras ilegal que otorgó un gobierno socialista para la construcción de El Algarrobico, ni la planificación de un espacio natural para desproteger medioambientalmente los terrenos del hotel para que se pudiera construir”.
Ante las acusaciones de haber reducido la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, Arias Cañete ha indicado que son los socialistas los que han presentado enmiendas en las Cortes que prevén reducir la servidumbre y permitir nuevas construcciones. Sin embargo, el ministro ha asegurado que la enmienda aprobada en el Senado va a impedir futuros desarrollos urbanísticos.
Por lo que se refiere a los efectos sobre el cambio climático, Arias Cañete ha criticado que las propuestas socialistas se reduzcan a la presentación de un informe del Gobierno a las Cortes Generales, “mientras que el Grupo Popular en el Senado ha presentado una serie de enmiendas realistas y ambiciosas, con medidas concretas para adaptar el litoral al cambio climático”.
Por otra parte, Arias Cañete se ha referido a la seguridad jurídica como segundo gran objetivo de la Ley. “Se trata de proteger a los miles de ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y se vieron después desposeídos”, ha afirmado. También se busca, ha añadido, que nadie pueda comprar una vivienda y descubrir después que no le pertenece porque está en dominio público. Por este motivo, ha aclarado, la reforma obliga a inscribir en el registro de la propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde.
Por último, el ministro ha explicado que con este proyecto se persigue fomentar una actividad económica sostenible, para lo que se amplían los plazos máximos de las ocupaciones.
