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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Ley 33/2014 de Pesca Marítima del Estado en la que incorpora, entre otros aspectos, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, la creación de un único registro de buques y la regulación del turismo pesquero y marinero.

En esta disposición de la Jefatura del Estado, el Gobierno justifica la modificación de la anterior normativa (Ley 3/2001) por la necesidad de introducir y apuntalar cuestiones tras sus trece años de vigencia. La nueva Ley, que persigue la mejora de la situación socioeconómica de la población en donde se desarrolla la actividad pesquera y acuícola, prohíbe cualquier tipo de discriminación y la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres dedicados al sector.

Añade nuevas medidas sobre la regeneración de recursos pesqueros, la preservación de la riqueza natural, la conservación de especies marinas y la recuperación de sistemas, así como un artículo específico sobre arrecifes artificiales dado su impacto en los recursos pesqueros.

La normativa pone en marcha un Registro General de la Flota Pesquera, coordinado con el Registro Comunitario de Buques y que, según el Ejecutivo central, evita conflictos semánticos y de interpretación y sustituye a los antiguos Censo de Buques de Pesca Marítima y Registro de Buques.

Esta Ley suprime la cédula del buque pesquero como documento identificativo por haber perdido vigencia tras su sustitución por la Licencia Comunitaria que expide la Dirección General de Ordenación Pesquera.

Apunta al turismo pesquero o marinero y al acuícola como primera línea de diversificación del negocio pesquero, una actividad complementaria que regula para asegurar una gestión coherente de los recursos marinos vivos en todos sus ámbitos y que también se centra en oficios tradicionales como los de mariscadoras o rederas.

Sobre la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada, la nueva Ley refleja los avances que se han producido en el ámbito comunitario e internacional en relación sanciones, infracciones y prevención para así garantizar los sistemas de gestión de las pesquerías, según la nueva Ley.

También introduce algunos elementos sobre la pesca recreativa tras constatar el Gobierno la existencia de problemas específicos en el ámbito sancionador con la puesta en marcha de nuevos mecanismos como es el pago voluntario con reducción de sanción pecunaria.