La Unión Europea (UE) aplicará en 2015 uno de los puntos centrales de su Política Pesquera Comunitaria (PPC): la imposición de medidas contra el desperdicio que supone el descarte de pescado.
La flota española estará sometida, a partir del 1 de enero, a una nueva normativa que obliga a desembarcar obligatoriamente todas sus capturas en los puertos, con el fin de evitar los descartes, es decir los peces que caen accidentalmente en las redes y después son arrojados al mar.
La obligación afectará desde enero a la descarga de especies pelágicas, es decir la caballa, el jurel y la anchoa en todos los caladeros nacionales del Atlántico (como el Golfo de Cádiz, Cantábrico y Noroeste) y Mediterráneo; también para la sardina mediterránea.
Estas exigencias se irán implantando poco a poco al resto de las pesquerías, hasta 2019.
La regulación permite excepciones, como la posibilidad de que los buques puedan realizar un 5 % de descartes.
Esto significa, en el Atlántico, que se admitirán hasta que llegue al 5 % de la cuota asignada para los pesqueros de caballa y de jurel y del 2 % para anchoa, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En el Mediterráneo, el 5 % corresponde a la media de las capturas de los buques de cerco en los últimos tres años.
La normativa posibilita que un 10 % del peso de todas la descargas corresponda a peces que no llegan a las tallas mínimas.
Pero los ejemplares inferiores a esa talla no podrán comercializarse para consumo humano directo; se utilizarán para harinas de pescado, piensos para mascotas, productos farmacéuticos o cosméticos.
En este punto, las organizaciones del sector han mostrado su alarma, pues temen que la regulación haga aflorar un mercado negro de pescado y eche a perder los esfuerzos de la Administraciones contra la venta de inmaduros o "pezqueñines".
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha declarado a Efeagro que existen "incógnitas" sobre la salida de capturas que, en principio, deberían destinarse a fabricar harinas, pues en los puertos españoles no hay una industria harinera desarrollada como la del norte europeo.
Cepesca, patronal de armadores, ha pedido un incremento de los controles, para evitar que las descargas se vendan en negro.
El secretario general de la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras, José Manuel González Gil de Bernabé, ha mostrado su preocupación porque las nuevas obligaciones traerán "problemas" a la flota y podrían "tirar por la borda" los esfuerzos en la lucha contra la economía sumergida por la venta de juveniles.
Otras fuentes del sector han apuntado que las medidas previstas para 2015 no deberían ser demasiado problemáticas, porque entre las especies pelágicas hay pocos descartes.
El problema estará en implantar las obligaciones a recursos como la merluza o a pesquerías "mixtas" es decir aquellas que implican a varias especies, en aguas como el Gran Sol.
Según el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, España ha pedido que las reglas se empiecen a implantar a "pesquerías dirigidas", para determinadas especies en 2016, y que su imposición sea progresiva, hasta 2019, para el resto.
