El proyecto de Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria homogeneiza las reglas sobre inspecciones y prevención del fraude en la calidad de los alimentos
La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente del Congreso ha aprobado el proyecto de ley que unifica controles y sanciones para la calidad alimentaria después de que el PP haya rechazado todas las enmiendas presentadas y tras la advertencia de los grupos de que invadirá competencias autonómicas.
El proyecto de Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria, que homogeneiza las reglas sobre inspecciones y prevención del fraude en la calidad de los alimentos, ha sido aprobado en comisión, con competencia legislativa plena, para sacar adelante un texto que el PP defiende como garante para la producción y comercialización agroalimentaria y resolución a las demandas del conjunto del sector.
CiU, PNV y ERC (grupo mixto) y la Izquierda Plural han presentado enmiendas, que han sido rechazadas, y han mostrado su disconformidad con una norma que consideran que provocará conflictos competenciales con autonomías que tienen una ley propia como Aragón, Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco.
El PSOE, que se ha abstenido en la votación, ha sostenido que el texto representa una "buena intención" pero ha aclarado que "no acaba de estar bien resuelto" ya que se intenta legislar, como pide la UE, en una "materia complicada" que se "mueve en el espacio" competencial de legislaciones autonómicas.
Durante la defensa de la ponencia, el portavoz del PP en dicha comisión, José Pérez Lapazarán, ha defendido el proyecto de ley, que pasará su próximo trámite parlamentario en el Senado, y ha destacado que supone un "reconocimiento al sector" para la mejora de la seguridad, el control del proceso de la cadena alimenticia y las denominaciones de origen. Ha negado que vaya a provocar conflictos competenciales con las ocho autonomías que poseen una legislación propia en este ámbito y ha indicado que propiciará que las restantes cuenten con una ley unificadora. Pérez ha explicado que la normativa "no delimita el ámbito sancionador" existente que efectúan las "autoridades competentes", en este caso la administración autonómica, y ha asegurado que favorece la "unidad de mercado" para posibilitar la "igualdad de condiciones entre todo el empresariado".
Por el PSOE, su portavoz en la comisión, Alejandro Alonso Núñez, ha considerado que la futura normativa podría complicar la resolución de conflictos y los expedientes en materia de control, sanciones y seguridad y ha pedido al PP que acepte una enmienda para crear una normativa específica contra el desperdicio alimentario que generan algunos procesos de producción.
El diputado de Izquierda Plural, Álvaro Sanz, ha insistido en que el PP vuelve a "invadir las competencias" de la comunidades y ha añadido parece que el Gobierno "no encuentra otra excusa para provocar conflictos gratuitos que no van a llevar a nada bueno". Además, ha criticado que la ley no contemple la prohibición del uso de sustancias como el bisfenol A, un producto químico integrante de envases alimenticios y otros objetos cotidianos, al igual que en otros países como Francia y ha añadido que el texto "no profundiza en aspectos básicos de la cadena alimentaría".
El diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha cuestionado los conceptos de coordinación y cooperación que incluye el texto y ha dicho que "toda coordinación exige una subordinación" de las autonomías hacia Estado.
Olaia Fernández Davila, portavoz del BNG en la comisión, ha asegurado que el PP pretende subordinar a las comunidades autónomas.
Por su parte, Marc Solsona (CiU) ha asegurado que esta "cansado" de tener que pedir "el respeto de las competencias" y ha puesto de manifiesto la "decepción" de su partido a esta ley que representa "un conflicto permanente de anclaje normativo".E
