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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Ley 28/2015 de 30 de julio para la defensa de la calidad alimentaria que, según el Gobierno, contribuirá a la unidad de mercado en lo que respecta al control de la calidad y defensa contra el fraude y reforzará la competitividad y la innovación.

La ley consta de cuatro títulos: el primero, sobre disposiciones generales, establece el objeto, el ámbito de aplicación así como los fines y las definiciones básicas necesarias para el desarrollo de la misma, según recoge el BOE.

El título II regula la calidad alimentaria y los sistemas de control que se aplican al respecto, "teniendo en cuenta las nuevas tendencias en materia de control que de forma específica afectan a la alimentación".

El título III establece el régimen sancionador básico aplicable en materia de control de la calidad alimentaria y tipifica las infracciones cometidas por los operadores en relación con la legislación alimentaria, compuesto por las normas de obligado cumplimiento dictadas por las Administraciones y la normativa horizontal aplicable, así como las normas recogidas en esta ley.

Las infracciones quedan clasificadas en los grupos de leves, graves y muy graves y se fijan los límites de las sanciones aplicables en cada caso.

Por último, el título IV recoge los aspectos relacionados con la colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en el ámbito de esta ley.

La ley se completa con cuatro disposiciones adicionales en las que se incluye, por ejemplo, el régimen sancionador en materia de clasificación de canales de vacuno y porcino, la cláusula de reconocimiento mutuo, el compromiso de no incremento de gasto y la previsión de un sistema para facilitar el conocimiento de la normativa de calidad aplicable en el ámbito de la ley.