Estas jornadas han sido organizadas por la Junta para debatir el futuro de las políticas de desarrollo rural en el horizonte 2020.
La Consejería de Agricultura y Pesca, representantes de los 52
Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía, así como expertos
nacionales e internacionales en la materia han participado en unas
jornadas organizadas por la Junta sobre el futuro de las políticas de
desarrollo rural en el horizonte 2020. Durante la inauguración de este
encuentro, la secretaria general del Medio Rural y la Producción
Ecológica, Mabel Salinas, ha destacado que se hace necesario que
todos los agentes sociales y económicos implicados en la construcción
del futuro de sus pueblos aporten sus reflexiones y propuestas en el
marco del debate público abierto por el comisario europeo de
Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, sobre los cambios que se
puedan llevar a cabo en la Política Agrícola Común más allá de 2013.
En este sentido, Salinas ha resaltado que para la Junta el
desarrollo rural es una política transversal prioritaria, por lo que
se está trabajando a través de actuaciones como esta jornada para
consensuar con la gente que están día a día en el territorio un
documento que plasme la postura andaluza respecto a los cambios que se
puedan llevar a cabo en la PAC. A partir de ahora, ha añadido Salinas,
la Consejería va a abrir un periodo de tiempo para recibir sugerencias
de los GDR con la finalidad de elaborar el texto, que se analizará
también con el Ministerio y se trasladará posteriormente a Bruselas.
Durante este encuentro, que ha clausurado la directora general de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Isabel Aguilera, se han
celebrado dos conferencias y dos mesas de trabajo en las que han
participado, entre otros, Elena Saraceno, representante de la Red
Europea de Desarrollo Rural; y Eduardo Moyano, director del Instituto
de Estudios Sociales Avanzados, para analizar las nuevas funciones y
desarrollo de los territorios rurales y los elementos claves para su
futuro.
Entre los diferentes puntos de vista destacan la determinación de
que el desarrollo rural se mantenga como el segundo pilar de la PAC, y
la posibilidad de que se relacione con la política de cohesión, pasando
en este caso a formar parte de la política regional. En este sentido,
Elena Saraceno se ha referido a los riesgos que entraña que esta
materia pase a ser una política de cohesión debido a la falta de
sensibilidad local que tradicionalmente han tenido dichas políticas;
mientras que Eduardo Moyano, por su parte, ha apostado por agrupar
recursos con un nuevo planteamiento más integrado del desarrollo rural
y lograr así una mejor cohesión territorial.
Asimismo, se han celebrado también mesas de trabajo en las que han
participado algunos de los principales expertos en desarrollo rural,
como Antonio Maya, miembro de la Universidad de León; Jaime Izquierdo,
asesor de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; y José
Emilio Guerrero, de la Universidad de Córdoba.
Por último, el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural,
Aurelio García Bermúdez; y el presidente de la Asociación para el
Desarrollo Rural de Andalucía, Miguel Castellano, han intervenido en
una mesa de diálogo, en la que, entre otros asuntos, han abordado los
elementos claves para el futuro de las zonas rurales.
Primer balance del programa LiderA
Por otra parte, Mabel Salinas, quien ha destacado el papel
dinamizador de los GDR en los territorios rurales, ha hecho un primer
balance del actual programa LiderA que ejecutan estas entidades gracias
a la cofinanciación de la Junta y la UE a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Según la secretaria general, hay más de 2.400 proyectos que ya están
registrados en los GDR, que supondrán una inversión total de más de los
315 millones de euros y la generación de más de 4.500 empleos -entre
los de nueva creación y el mantenimiento de los ya existentes-.
De estos 2.100 proyectos, hasta la fecha ya se han aprobado 342, con
una subvención de más de 14,9 millones, que junto a la inversión
privada, supondrá un total de 48 millones y generarán 1.188 puestos de
trabajo.
