Las Administración General del Estado ha configurado un programa piloto específico de alcance provincial destinado a las provincias de Zamora, Soria y Teruel, las más despobladas de España, dotado con 9 millones de euros.
El Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, se ha reunido con los presidentes de las Diputaciones de Soria y Zamora para avanzar en la puesta en marcha de un programa provincial especifico de desarrollo rural sostenible en estas dos provincias, de forma adicional a los planes de zona comarcales que actualmente se están elaborando por las CCAA.
En este sentido, el motivo de esta actuación parte de la constatación de que Soria y Zamora son, junto con Teruel, las tres provincias españolas donde de forma más acusada se evidencia el fenómeno del despoblamiento, que se ha traducido en una pérdida acumulada en el último siglo del orden del 50% de su población.
La puesta en marcha de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural contempla entre sus prioridades tratar de evitar este éxodo rural que, independientemente de la vertebración que supone, es una demostración de la falta aún notable de servicios equilibrados en cantidad y en calidad en el medio rural frente al medio urbano.
En el marco de la puesta en marcha de la Ley, y adicionalmente a los planes de zona, la Administración General del Estado configuró un programa piloto específico de alcance provincial destinado a estas tres provincias. Este programa permitiría asegurar una capacidad de ejecutar actuaciones con alcance provincial independientemente de las determinaciones específicas que se establecieran en los planes de zona a elaborar por las CCAA. El citado programa piloto específico, dotado con 9 millones de euros, incorporaría actuaciones en las tres provincias referidas.
Por otro lado, el Secretario General de Medio Rural ya rubricó con el presidente de la Diputación de Teruel el primero de los convenios provinciales para la aplicación del programa por una cuantía de 3 millones de euros a financiar en su totalidad por la Administración General del Estado a través del MARM. Esta rúbrica tendrá continuación en las otras dos provincias implicadas, con convenios de similares características.
En los próximos días, y a través de la Delegación del Gobierno en Castilla y León se realizará el necesario análisis territorial para configurar las actuaciones que pueden verse beneficiadas por el programa.
Estas actuaciones deben corresponder con los objetivos y orientaciones establecidos en la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, tener una proyección claramente supramunicipal, resultar concordantes y compatibles con las que se estuvieran programando por las Comunidades Autónomas dentro de los planes de zona, completar escenarios de actuación que hasta ahora no hayan tenido respuesta, responder a escenarios amplios de transparencia y participación pública en su configuración, y contar con un amplio consenso territorial y social.
