Hoy en día sólo figuran las lonjas de los puertos y centros como los de expedición de moluscos y las depuradoras.
Los cambios que la Ley de Pesca Sostenible
-actualmente en trámite parlamentario- plantea respecto a la primera
venta han provocado las discrepancias de armadores, mayoristas y
cofradías de pescadores, sobre todo en asuntos como la formación de
precios o el papel de las lonjas.
Así lo han asegurado fuentes del sector, en relación a la inclusión de "compradores
y organismos autorizados" en el listado de agentes que pueden efectuar
la primera venta de los productos de la pesca y en el que hoy en día
-en la vigente Ley de Pesca Marítima- sólo figuran las lonjas de los
puertos y centros como los de expedición de moluscos y las depuradoras.
El presidente de la Federación Nacional de Cofradías, Genaro Amigo, ha
considerado que la propuesta reduce la "transparencia" de los acuerdos
de venta entre armadores y compradores, y repercutirá de forma negativa
en los salarios de los pescadores.
"Nosotros pensamos que
cuanta más transparencia haya en las lonjas y más compradores tengamos,
seguramente el precio será mayor", ha subrayado Amigo.
Amigo ha
reconocido, sin embargo, que "hay que mejorar" el funcionamiento de las
lonjas, por lo que han iniciado la creación de una asociación nacional
para impulsar la puesta en marcha de planes de gestión o mejorar los
sistemas de venta, entre otros mecanismos.
Por su parte, el
presidente de la Asociación Nacional de Mayoristas de Pescados de
Mercas (Anmape), Manuel Pablos, ha explicado que, a pesar de su defensa
del "circuito tradicional" de distribución de los productos de la
pesca, es cierto que "desde hace tiempo, parte de los productos se
comercializan por otras vías".
En este contexto, Pablos ha
defendido que se abra la puerta a la primera venta a aquellos
establecimientos mayoristas que cumplan con las normas de control de
desembarco y de documentación necesarias.
A su juicio, la
comercialización a través de los mercados centrales resulta positiva
para la formación de precios, porque permite que se determinen "por la
tensión entre oferta y demanda", en lugar de utilizar otros criterios,
como ocurre en los acuerdos que se cierran por otras vías.
Desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha
valorado la propuesta de la Ley de Pesca Sostenible porque posibilitará
que aquellos grupos de armadores u organizaciones que pretendan usar
otra forma de comercialización para lograr un mejor precio en primera
venta -y que cumplan con todas las normas de control, seguridad y
sanidad- estén amparados por la legislación.
Según Garat, esto
no significa que los armadores estén en contra de las lonjas o que
éstas vayan a desaparecer, ni tampoco que vaya a haber "menos
transparencia".
"Creemos que la legislación no debe limitar las
iniciativas que haya y que, teniendo en cuenta que la situación actual
es mala, si alguien busca soluciones, debería tener una cobertura
legal", ha destacado.
El director general de Ordenación
Pesquera del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), Ignacio Gandarias, ha indicado que las lonjas hacen
un labor "importante" en la comercialización, y que si funcionan
"correctamente" y los compradores están "satisfechos", estos centros
seguirán funcionando y el número de nuevos operadores será "limitado".
"Eso no impide, por ejemplo, que se autorice una de las demandas del
sector, que es que los armadores puedan llegar a acuerdos con los
compradores para vender su producto a un precio concertado
previamente", ha planteado Gandarias.
Según ha subrayado, el
MARM no pone "en duda", ni quiere "destruir" las lonjas, sino
compatibilizar la legislación nacional con la comunitaria -que ya
permite la existencia de otros organismos de primera venta- y
regularizar situaciones "que ya se dan en el mercado".
