El incremento de más de un 15 por ciento de los robos en las explotaciones agrícolas y ganaderas entre 2009 y 2010 es el motivo principal de la puesta en marcha de este plan.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha informado
en el Parlamento andaluz sobre la aplicación en nuestra Comunidad
del ‘Plan contra el robo en instalaciones agrícolas y ganaderas’ puesto
en marcha a principios de este mes por el Gobierno central y presentado
el pasado 4 de mayo a las asociaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y la
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca).
En respuesta a una pregunta del grupo socialista acerca de la
valoración que hace el Consejo de Gobierno sobre la iniciativa y su
incidencia en la seguridad en el campo, Aguilera ha destacado la
inclusión en el dispositivo de seguridad que contempla dicho Plan de
las empresas dedicadas a la cría de pescados de estero -en las que
también se vienen registrando frecuentes robos-, como resultado de las
gestiones llevadas a cabo por parte de su Consejería ante el Gobierno
central.
El incremento de más de un 15 por ciento de los robos en las
explotaciones agrícolas y ganaderas entre 2009 y 2010 es el motivo
principal de la puesta en marcha de este plan. En ese sentido, la
consejera ha recalcado que dicho dispositivo de vigilancia precisa para
su éxito de la implicación del sector. Por esta razón, el operativo de
seguridad, que supone el despliegue de más de 1.200 agentes de la
Guardia Civil en Andalucía, se basa en el contacto permanente con las
organizaciones agrarias y los Guardas Particulares del Campo.
Ha aclarado también que esta iniciativa cuenta para su desarrollo
con la colaboración de las Unidades de Reserva de las comandancias
andaluzas y las Territoriales Específicas creadas para combatir estos
delitos, la Agrupación de Reserva y Seguridad, el Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona), y las Unidades de Tráfico y
Helicópteros de la Guardia Civil.
El nuevo dispositivo de vigilancia tiene como principal objetivo la
prevención de los hurtos y el incremento de la seguridad en las
explotaciones a través de la creación de unidades funcionales ideadas
para este fin y el refuerzo de las labores de investigación de la
Policía Judicial, entre otras acciones. También se contempla en este
plan la puesta en marcha de dispositivos específicos que controlen la
compra-venta de material agrícola usado, así como el incremento de los
controles de carretera y los servicios de prevención en las franjas
horarias de mayor incidencia de estos delitos.
