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Así lo ha explicado el presidente del Consejo Regulador del Rioja y actual vicepresidente de la Conferencia nacional de Consejos Reguladores vitivinícolas, Víctor Pascual Artacho, quien ha subrayado que la elección del nuevo presidente -el único cargo que se ha renovado tras la vacante de Prieto- se ha producido en una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Agricultura (Madrid).

A la presidencia optaba también Juan Bautista Oruzco, actual máximo responsable del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Vinos de Madrid, aunque no logró el respaldo suficiente.

La votación transcurrió con "normalidad" y con la presentación de las propuestas de ambos para la nueva etapa de la Conferencia nacional de Consejos Reguladores como "lobby" y punto de encuentro para la discusión de las reivindicaciones del sector sobre aspectos fundamentales para todos los operadores, como la promoción de los vinos amparados por estas figuras de calidad diferenciada.

Artacho ha recordado que el nuevo presidente de la Conferencia llega en un momento de especial importancia por las discusiones de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la posible liberalización de viñedos, con el fin de los actuales derechos de plantación.

Otro de los asuntos tratados en el encuentro ha sido la directiva europea que prohíbe el uso de anhídrido sulfuroso para desinfectar barricas, lo que supondría cambiar cada campaña el parque de toneles para vino, lo cual preocupa tanto al Gobierno de La Rioja como al sector, aunque todavía podría haber margen suficiente para cambiar esta normativa de la Unión Europea.

En este sentido, ha subrayado que la Conferencia de Consejos Reguladores colaborará con la financiación del informe encargado a una compañía alemana y que pretende demostrar a Bruselas que el método puede seguir utilizándose, junto a la Federación de Empresarios del Vino (FEV).

A su juicio, "no es un problema de salud sino de concepto" y el informe que demostrará que el método no es nocivo para la salud y debe seguir utilizándose, además de que no existen alternativas viables.

Según ha indicado, el estudio costará entre 300.000 y 400.000 euros, aunque colaborarán en su financiación no sólo España sino otros países productores como Francia, Italia o Portugal, entre otros.