Ambas Organizaciones se han comprometido a trabajar conjuntamente para defender el sector agrario y fomentar el debate sobre el futuro de la PAC, a partir de 2014.
Las Administración General del Estado ha configurado un programa piloto específico de alcance provincial destinado a las provincias de Zamora, Soria y Teruel, las más despobladas de España, dotado con 9 millones de euros.
Este Protocolo prevé la elaboración de once planes de zona en otras tantas zonas rurales, con una inversión total de 3.596.000 euros, para el periodo 2011-2015.
Sus orígenes se remontan al año 1908, fecha de un Real Decreto, firmado por el Rey Alfonso XIII, para la puesta en riego de 20.000 hectáreas comprendidas entre Peñaflor y Sevilla.
Diez representantes del joven Grupo de Acción Local (GAL) de la región lituana de Pasvalys, creado en 2004, han venido a conocer diversos puntos de Andalucía, entre ellos la Campiña y Marco de Jerez, para profundizar en las experiencias en desarrollo rural de los GDR de nuestra Comunidad.
El consejero se reunió en Zalamea con empresarios y alcaldes, y anunció que el convenio para nueva actuaciones se firmará a principios de 2011.
La consejeras de la Presidencia y de Agricultura y Pesca trasladan a los representantes de los pequeños agricultores y ganaderos las iniciativas del Gobierno andaluz para la recuperación económica.
Un total de 311 municipios andaluces, que suman más de 716.000 habitantes, recibirán entre 2011 y 2015 más de 293 millones de euros del programa de desarrollo rural sostenible para mejorar la calidad de vida y las condiciones económicas de esas poblaciones.
La ministra de Agricultura y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, han firmado el sábado en Sevilla el protocolo para aplicar dicho programa, que se enmarca en la Ley estatal de Desarrollo Sostenible.
Se ha firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de dos proyectos pilotos para ‘Urbarural Sostenible’ y ‘Huella Ecorural’.
Ha manifestado su intención de lograr el mayor consenso en esta materia con las organizaciones de mujeres rurales, las Organizaciones Profesionales Agrarias, las Comunidades Autónomas y los grupos políticos.
